En la actualidad, la exhumación de cinco fosas del franquismo ubicadas dentro del partido judicial leonés continúa pendiente después de que el Juzgado de Instrucción 1 de León –el competente sobre estos enterramientos– haya solicitado a la Audiencia Nacional más detalles para dictaminar con la mayor precisión la apertura o no de las cinco fosas.

Así lo confirma el presidente de la Audiencia Provincial, el reelegido Manuel García Prada, quien indica que en el partido judicial de León las diligencias continúan su curso a la espera de recabar nuevos datos que permitan al titular del juzgado pronunciarse sobre la posibilidad de recuperar a los leoneses que aún esperan a ser rescatados.

Todo lo contrario ha sucedido en el partido judicial de Ponferrada. Tal y como señala García Prada, el polémico auto de Garzón llegó el pasado año a manos del Juzgado de Instrucción 4 de Ponferrada que archivó todas las diligencias al considerar que los delitos habían prescrito. Una vez notificada su decisión judicial a las partes implicadas no se registraron recursos; en esta zona es precisamente donde se encuentra la gran parte de los enterramientos comunes contemplados en el escrito de inhibición del magistrado.

No se han abierto más diligencias en la provincia, concluye García Prada, por lo que los juzgados leoneses sólo trabajan en la actualidad en cinco enterramientos. En mayo de 2009, este mismo proceso se encontraba en manos del Ministerio Público al que también se le había requerido un informe especializado al respecto.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, cuyo colectivo está personado en la causa que inició el magistrado Garzón no oculta su malestar por el pronunciamiento del juzgado de Ponferrada. “Los jueces ponen de manifiesto su ‘sensibilidad’ cuando le niegan a una persona la posibilidad de ayudar a un familiar. Si tienen la posibilidad en la mano, deberían apoyar porque un delito prescribe pero no los restos del cuerpo de las víctimas”, argumenta.

Macías aclara que se ha procedido a la apertura de seis de las 23 fosas que se recogían en el auto de Garzón durante los últimos meses (Camponaraya, Toreno, Quintanilla de Combarros, Santalla, Fresnedo y Toral de Merayo), por lo que continúan 17 pendientes –según se recoge en el gráfico adjunto–. Las cinco que se corresponden con el partido judicial leonés están situadas en las localidades de Villaceid (municipio de Soto y Amío), Busdongo (Villamanín), Collada de Cármenes, Santa Lucía de Gordón (La Pola de Gordón) y Algadefe.

“El freno que se puso a Garzón en la Audiencia a favor de los juzgados locales evidenció que no había una intención clara para trabajar sobre estas fosas”, asegura Macías quien también defiende que “lo ideal sería que todos los procesos hubieran estado unificados en un único juzgado”.

Por último, el responsable de la ARMH mantiene que “están hastiados” y denuncia la dejación de funciones de la Justicia en este ámbito; al menos, concluye, para la apertura de una fosa no es necesaria una autorización judicial y es suficiente con el visto bueno de algún familiar.

La Crónica de León 15/02/10